¿EN PELIGRO LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN?
Por
Alfredo Guzmán
Hay
señales ominosas que merecen ser condenadas y nadie quiere que se perpetúen en
Guerrero.
Hay
elementos que indican que la libertad de expresión está siendo amenazada por
quienes no quieren que la prensa tenga las condiciones de realizar su trabajo
con libertad.
Las
autoridades judiciales tienen la obligación de ser partícipes en acciones
reales que establezcan certeza en querer luchar contra la impunidad y violencia
que crece, contra periodistas.
Guerrero
desde hace algunos años ha sido un lugar donde la violencia contra periodistas
ha crecido y hay figuras políticas como la presidenta municipal de
Chilpancingo, Norma Otilia Hernández Martínez, quien amenaza la libertad de
expresión. Adjudicarle a periodistas y medios de comunicación violencia
política en razón de género contra su persona, muestra la ignorancia de una
funcionaria pública que confunde la crítica o información hacia su desempeño y
la inexistencia de descalificación por ser mujer.
La
presidenta municipal de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández Martínez se ufana
de ser luchadora social y defensora de los derechos ciudadanos, pero ataca a
periodistas que exhiben sus obras de mala calidad y la colocan como mala
funcionaria.
Ha
habido casos de periodistas de Guerrero que han aparecido en vídeos, donde
aparecen secuestrados y la Fiscalía, como si nada.
Varios
periodistas del Estado de Guerrero, han sido asesinados en este sexenio.
Otros
han tenido que emigrar de sus lugares de origen y trasladarse a la Ciudad de
México u otros lugares, para preservar la vida.
La
Fiscalía de Guerrero, no ha resuelto un solo caso sobre la inseguridad que ha
permitido que varios periodistas hayan sufrido ataques, secuestros, asesinatos
y persecuciones.
La
Fiscalía ha resultado un verdadero fiasco social y una vergüenza para quienes
la representan, pues se encuentra involucrada más en atacar a su propio
personal con mayor antigüedad, que, a generar condiciones internas de un
ambiente laboral mejor, para que haya resultados positivos a la sociedad que
les paga.
Desde
su llegada no han hecho nada que no sea pelearse con el personal, correrlos sin
querer darles lo que conforme a la ley corresponde, cobrarles los viáticos
desde hace 8 años y no darles las condiciones de trabajo adecuadas.
Han
estado colocando militares en áreas específicas y desplazando a personal con
mejor y mayor experiencia en la investigación.
Lo
triste de todo es que los periodistas, estamos entre Otilia y los militares de
la Fiscalía, que dan pena.
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